Niñas, niños y adolescentes argentinos necesitan protección en entornos digitales

A las Señoras Legisladoras y a los Señores Legisladores del Honorable Congreso de la Nación Argentina.

De nuestra mayor consideración:

Las organizaciones y personas expertas firmantes nos dirigimos a este Honorable Congreso para solicitar el tratamiento prioritario de una regulación integral para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, con obligaciones claras, preventivas y exigibles para plataformas, redes sociales, servicios de mensajería, videojuegos en línea y demás servicios digitales accesibles en nuestro país.

Diversos países del mundo y de la región han regulado o están avanzando a paso firme en la protección desde el enfoque que se propone, así tanto la Unión Europea, el Reino Unido, España en breve, o Brasil son algunos de los ejemplos.

Entendemos que la Argentina no puede seguir abordando este tema mediante respuestas fragmentadas, tardías o basadas casi exclusivamente en la autorregulación empresaria. Los daños que hoy atraviesan niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales no son hechos aislados ni meros efectos colaterales del avance tecnológico: son, en gran medida, el resultado de entornos diseñados bajo lógicas de captación de atención, dependencia, perfilamiento y monetización de datos. Por eso, el problema no puede reducirse de manera simplista al "uso de pantallas", ni confundirse con los usos pedagógicos o mediados de la tecnología. El foco principal debe ponerse en las plataformas algorítmicas, en sus diseños, en sus incentivos económicos y en los riesgos que producen o amplifican.

Hoy niñas, niños y adolescentes enfrentan múltiples riesgos en línea: violencia digital, grooming, discursos de odio, difusión no consentida de contenidos, desinformación, acceso temprano a pornografía, apuestas, consumos problemáticos, dificultades para la desconexión y afectaciones al bienestar, la autoestima y la salud mental. Estos riesgos se intensifican en un contexto de desigualdad, sobrecarga de cuidados, debilitamiento de políticas públicas y profundas diferencias en las posibilidades reales de acompañamiento familiar y comunitario.

Desde el campo de la salud

Se plantean preocupaciones vinculadas a la exposición temprana y su impacto negativo en las etapas críticas del desarrollo; el desplazamiento del tiempo de juego, los vínculos interpersonales y la actividad física; la incidencia del sedentarismo y la obesidad; la falta de adherencia a las recomendaciones por edad de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP); y la falta de acompañamiento activo del adulto en los entornos digitales.

Según la SAP, el tiempo de desconexión es hoy un indicador de salud. Desde una perspectiva de derechos, no se trata de excluir a niñas, niños y adolescentes del entorno digital, sino de garantizar condiciones compatibles con su dignidad, desarrollo, privacidad, salud, autonomía progresiva e interés superior. La respuesta no puede ser la inacción ni la prohibición como única herramienta, sino una regulación que reorganice el ecosistema digital desde el deber de cuidado, la prevención del daño y la responsabilidad empresarial.

Consensos básicos para la futura regulación

En primer lugar, debe exigir que las plataformas identifiquen, evalúen y mitiguen de manera integral todos los riesgos relevantes para niñas, niños y adolescentes, con obligación de reducirlos efectivamente cuando se detecten. En segundo lugar, debe incorporar un principio claro de protección y seguridad desde el diseño y por defecto: la prevención integrada desde la arquitectura de las plataformas, las configuraciones predeterminadas, los sistemas de recomendación y las decisiones sobre datos personales.

En tercer lugar, resulta indispensable una protección reforzada para niñas y niños más pequeños, con experiencias apropiadas para la edad. Cualquier mecanismo de verificación o estimación de edad debe ser proporcional, eficaz y respetuoso de la privacidad, sin convertirse en una vía para expandir la vigilancia o el uso indebido de datos. La mera autodeclaración de edad suele ser insuficiente en contextos de alto riesgo.

Asimismo, la regulación debe afirmar una lógica de responsabilidades compartidas pero diferenciadas: familias, escuelas, salud y sociedad civil acompañan, pero la responsabilidad principal surge de las empresas de plataformas, y el Estado debe asumir un rol activo de regulación, control, monitoreo y sanción.

Cualquier respuesta pública debe evitar diagnósticos imprecisos: no es lo mismo una plataforma educativa con mediación docente que una red social o videojuego regidos por lógicas algorítmicas y comerciales sin mediación suficiente. La regulación debe complementarse con políticas públicas integrales en alfabetización digital, salud, acompañamiento a familias, formación docente y prevención de consumos problemáticos.

Finalmente, una regulación legítima y eficaz debe incluir la participación de niñas, niños y adolescentes en todo el proceso —diagnóstico, diseño de respuestas y evaluación de resultados— de manera sustantiva, no simbólica.

En línea con la Observación General 25 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, una ley nacional debería contemplar al menos estos ejes

1. Deber de mitigación integral de riesgos. 2. Seguridad desde el diseño y diseño apropiado para la edad. 3. Verificación de edad efectiva con protección de datos. 4. Límites al perfilamiento, la publicidad dirigida y el uso intensivo de datos de menores. 5. Transparencia y rendición de cuentas sobre algoritmos y sistemas de recomendación. 6. Evaluaciones de impacto y supervisión estatal efectiva. 7. Políticas públicas integrales en educación, salud y cuidado. 8. Participación de niñas, niños y adolescentes. 9. Organismos de control y régimen claro de sanciones y mecanismos de cumplimiento.

Las organizaciones firmantes creemos que regular no es censurar ni clausurar el acceso de niñas, niños y adolescentes al mundo digital. Regular es poner límites al abuso, distribuir responsabilidades de manera justa y garantizar que la innovación tecnológica sea compatible con los derechos humanos.

Por todo lo expuesto, solicitamos al Honorable Congreso de la Nación

1. Que impulse con carácter prioritario una regulación integral de protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. 2. Que establezca obligaciones claras de prevención, seguridad desde el diseño, transparencia algorítmica y protección reforzada de los más pequeños. 3. Que incorpore límites al uso de datos personales y al perfilamiento de personas menores de edad. 4. Que garantice mecanismos efectivos de supervisión, evaluación de impacto, sanción y rendición de cuentas. 5. Que convoque a un debate plural, federal e interdisciplinario, con participación de sociedad civil, academia, organismos públicos, sistema educativo, sistema de salud y adolescentes.

La protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales no puede seguir postergándose. Es una obligación jurídica, política y ética. Y es, también, una condición necesaria para construir una ciudadanía digital compatible con la democracia y con los derechos de la infancia.

Firman más de 40 organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas. El listado completo de firmantes está disponible en el PDF descargable.